Sin infancia protegida, no hay pacto social posible

La jueza de familia Mónica Jeldres ha vuelto a poner en el centro del debate un tema que suele ser omitido: los graves abusos contra la infancia cometidos por el Estado chileno. No es un asunto nuevo. La Organización de las Naciones Unidas ya visitó el país para investigar esta realidad y concluyó que la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes es sistemática.

La crítica situación de la infancia no es ajena a los estallidos sociales ni a las demandas ciudadanas por mayor equidad. Pese a ello, ha sido históricamente relegada en la agenda pública. Para Jeldres, cualquier nuevo pacto social que no incorpore la protección efectiva de la niñez está condenado al fracaso.

La deuda histórica con los niños de Chile

El estallido del 18 de octubre de 2019 expuso las fracturas profundas del modelo chileno. Se abrió entonces la posibilidad de un nuevo contrato social. Sin embargo, Jeldres advierte que si este proceso constitucional deja fuera a los niños, no habrá justicia duradera ni cohesión social real.

En paralelo, el gobierno ha impulsado una serie de reformas legales, como la división del Sename, hoy en trámite en el Senado. Pero estas iniciativas, lejos de garantizar derechos sociales, económicos y culturales, tienden a ser más bien cosméticas y no abordan las raíces del problema.

 Reformas reactivas, no estructurales

Las reformas en materia de infancia no han sido fruto de una planificación seria, sino de crisis y escándalos mediáticos. Casos extremos de vulneración, como los ocurridos en el CREAD de Playa Ancha, han forzado al Estado a actuar. Pero la respuesta ha sido siempre tardía e ineficaz.

Lo que se observa es una «posta de ineficacia», donde los gobiernos entregan los mismos problemas sin resolver a sus sucesores, quienes reinician procesos, abandonan líneas de trabajo y perpetúan la desprotección. Así, iniciativas clave como la ley de garantías, la reforma a la ley de adopción o la eliminación del Sename siguen en suspenso.

El fracaso de las promesas y los slogans

El slogan “los niños primero en la fila” —repetido al inicio del actual gobierno— no se ha traducido en políticas públicas efectivas. Por el contrario, la improvisación ha sido la norma. Las residencias familiares (RFA), creadas para reemplazar a los CREAD, son escasas y no cubren ni de cerca la demanda.

A ello se suma la falta de residencias altamente especializadas (RAE), sin niños ingresados, a pesar de que debieran atender a quienes egresan de unidades psiquiátricas. En paralelo, más de 12 mil niños esperan atención, sin estrategias de priorización claras.

Una nueva Constitución con enfoque en infancia

El desafío constitucional requiere que la infancia esté en el centro del nuevo marco normativo. No basta con declaraciones; se necesita el reconocimiento explícito del interés superior del niño, su autonomía progresiva y garantías reales de protección especial.

Las múltiples dimensiones de vulnerabilidad —pobreza, maltrato, explotación, abandono— exigen políticas integrales. Sin un enfoque estructural, las reformas serán meras aspirinas ante una enfermedad crónica.

Romper con los monopolios en la infancia

Jeldres denuncia el poder de algunos Organismos Colaboradores (OCAS), que actúan como verdaderos monopolios, concentran recursos y cupos, y mantienen programas mal evaluados, pero con influencia parlamentaria. Muchos de ellos legislan en beneficio propio, a pesar de recibir financiamiento estatal.

También es necesario desjudicializar problemáticas sociales que afectan a los niños. Hoy, el aparato estatal traslada al Poder Judicial lo que debería resolverse desde una política pública preventiva y administrativa.

Urge una política de Estado coherente

La fragmentación legislativa y la falta de una mirada estratégica hacen inviable una protección real de la infancia. Se requiere un Código de la Infancia que reúna toda la legislación y coordine esfuerzos. En lugar de acelerar reformas para obtener dividendos políticos, debe primar la seriedad y la visión de largo plazo.

La eventual visita de Naciones Unidas, en el contexto de revisión de derechos humanos, debiera servir para visibilizar esta deuda estructural. Resulta irónico que muchas de las reformas pendientes datan del segundo gobierno de Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de DD.HH. en la ONU.

La infancia como política de Estado

El momento exige altura de miras y compromiso intergeneracional. No basta con gestos ni promesas de campaña. Proteger la infancia debe ser un pilar del nuevo pacto social. De lo contrario, cualquier transformación estructural será incompleta y, en última instancia, injusta.