Se advierte incremento de un 29% en víctimas entre 2022 y 2023, con graves falencias en centros residenciales y entornos digitales

Una preocupante radiografía sobre la situación de la niñez en Chile fue presentada esta mañana por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, a través de la Nota Técnica N°5 titulada “Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años”. El documento, elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría, da cuenta del recrudecimiento de una de las formas más graves de violencia infantil: la explotación sexual, tanto en entornos físicos como digitales.

La presentación oficial del informe se realizó ante representantes del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Protección Especializada y la Subsecretaría de la Niñez.

Más de 2.100 víctimas en dos años

Entre 2022 y 2023, el Ministerio Público identificó a 2.184 niñas, niños y adolescentes como víctimas de explotación sexual, con un incremento del 29% en ese período. Del total, el 86% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y el 64% tiene entre 14 y 17 años.

“Lamentablemente, hemos constatado un aumento sostenido de la violencia hacia la niñez y adolescencia en diversos ámbitos: institucional, familiar y social. La explotación sexual infantil y adolescente (ESNNA) se ha convertido en una manifestación extrema de esa violencia, comparable a la esclavitud y al trabajo forzoso”, afirmó Quesille.

Zonas con mayor incidencia

El análisis regional arroja cifras alarmantes. Las regiones que superan la tasa nacional promedio de ESNNA son: Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esta última presenta la situación más crítica, con 294 víctimas por cada 100.000 personas.

Vulnerabilidad en residencias del Estado

Un dato especialmente inquietante es el que refiere a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Durante 2023, los centros residenciales del Servicio de Protección Especializada ingresaron 441 circulares por presuntos delitos de explotación sexual, afectando a 296 menores. Un 32,5% de las residencias registró al menos un caso.

Explotación en entornos físicos y digitales

En cuanto a la explotación sexual en entornos no digitales —como la obtención y facilitación de servicios sexuales—, se registraron 1.024 víctimas entre 2022 y 2023. Las regiones con las tasas más altas son Magallanes (242 casos por cada 100.000 personas), Arica y Parinacota (54,2), Los Ríos (47,4), Los Lagos (46,9) y Valparaíso (46,5). En este grupo, el 90% de las víctimas son niñas, y el 81% tiene entre 14 y 17 años.

Respecto de la explotación sexual digital, se identificaron 1.167 víctimas durante el mismo período. La región de Ñuble lidera la tasa con 60 víctimas por cada 100.000 personas de 0 a 17 años, seguida de O’Higgins (58,8). A diferencia de los entornos físicos, en este caso el 51% de las víctimas tiene entre 0 y 13 años, lo que marca una tendencia especialmente grave. Además, apenas el 4% de las causas judiciales iniciadas en 2022 obtuvo una sentencia condenatoria en 2023.

“El auge de las plataformas digitales ha generado nuevos espacios de riesgo, que han derivado en un aumento preocupante de los abusos y la explotación sexual digital, sobre todo hacia niñas y adolescentes”, indicó Quesille.

Recomendaciones al Estado y al sector privado

La Nota Técnica concluye con una serie de recomendaciones al Estado, divididas en cuatro áreas prioritarias: promoción de derechos (formación especializada para profesionales del sistema), prevención (política pública nacional, detección temprana), protección e investigación (fortalecimiento del circuito intersectorial) y gobernanza (agenda de investigación criminológica y consolidación del marco institucional).

Asimismo, el documento insta al sector privado —particularmente a las industrias tecnológicas, financieras, turísticas y de servicios digitales— a asumir un rol proactivo en la prevención, detección y denuncia de este tipo de delitos.

«La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es consecuencia de múltiples factores: socioculturales, de género, institucionales y digitales. Necesitamos una respuesta coordinada y urgente del Estado, pero también del mundo privado», concluyó el Defensor de la Niñez.